El Gobierno reactiva el Consejo de Responsabilidad Social

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reactivado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) con una importante ampliación de sus competencias. Este organismo, clave para el fomento de prácticas empresariales éticas y sostenibles, busca adaptarse a los nuevos desafíos económicos y sociales, promoviendo la transparencia y el compromiso social en el tejido empresarial español. La medida busca modernizar su funcionamiento y reforzar su influencia.

El Real Decreto 301/2026 modifica el Real Decreto 221/2008 para reactivar y reformar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano colegiado interministerial de carácter asesor y consultivo del Gobierno adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El documento responde a la necesidad de impulsar políticas de responsabilidad social empresarial alineadas con los objetivos de justicia social, transición ecológica y digital, y democracia en el trabajo.

El Consejo, cuya última reunión plenaria se celebró el 23 de enero de 2015, requería una reactivación urgente para adaptarse a la normativa europea vigente, especialmente la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información de sostenibilidad y la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida empresarial.

La reforma introduce cambios significativos: primero, recupera la configuración inicial del Consejo incorporando expresamente el requisito de "más representativas" para organizaciones sindicales y empresariales, basándose en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional (STC 63/2024) y del Tribunal Supremo (STS 12 de mayo de 2025).

Segundo, amplía y actualiza sustancialmente el elenco de competencias del Consejo para incorporar funciones derivadas de leyes posteriores a 2008, incluyendo la elaboración de informes anuales sobre sostenibilidad empresarial, observancia de directrices de la OCDE, análisis de cláusulas de responsabilidad social en contratación pública, y promoción de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente.

Tercero, modifica la composición del Consejo manteniendo estructura cuatripartita y paritaria: 14 vocalías de organizaciones empresariales más representativas, 14 de organizaciones sindicales más representativas, 14 de otras organizaciones e instituciones de reconocida representatividad (entidades sin ánimo de lucro, académicas, expertas), y 14 de Administraciones públicas (10 de AGE con distribución ministerial específica, 3 de comunidades autónomas y ciudades autónomas, 1 de entidades locales).

La Presidencia la ostenta la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El mandato de las vocalías será de cuatro años, excepto las rotarias de AGE y representación autonómica que serán anuales.

Se introduce disposición adicional cuarta estableciendo que el funcionamiento del Consejo no supondrá incremento de gasto público, siendo atendido con medios existentes en la Secretaría de Estado de Economía Social.

Se habilita al Ministerio para establecer mediante orden un Sello de Empresa Socialmente Responsable.

El Real Decreto entra en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE (12 de abril de 2026).