Luz verde a productos de seguridad sin marcado CE en situaciones críticas

El Consejo de Ministros ha dado un paso crucial para agilizar la respuesta ante futuras emergencias. Un nuevo Real Decreto permite la venta de productos de seguridad industrial, como equipos de protección personal o dispositivos médicos, sin el habitual marcado CE, siempre que haya una crisis declarada y sea necesario garantizar el suministro. Esta medida, que transpone parcialmente una directiva europea, busca evitar los cuellos de botella que se vivieron en pandemias anteriores y asegurar que hospitales, fuerzas de seguridad y otros sectores críticos dispongan rápidamente del material necesario.

El Real Decreto 302/2026, de 8 de abril, publicado en el BOE-A-2026-8023, constituye una norma de transposición parcial de la Directiva (UE) 2024/2749 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2024, que introduce un marco regulatorio innovador para procedimientos de emergencia en materia de seguridad industrial.

Esta norma tiene como objetivo fundamental garantizar el funcionamiento del mercado interior durante situaciones de crisis o emergencias del mercado interior, estableciendo mecanismos excepcionales y temporales para la comercialización de productos sin cumplir con los procedimientos ordinarios de evaluación de conformidad.

El decreto modifica un total de nueve reales decretos existentes en materia de seguridad industrial, incorporando cuatro disposiciones finales y seis disposiciones adicionales que estructuran el nuevo régimen de emergencia.

Los productos afectados por estos procedimientos de emergencia incluyen máquinas, equipos a presión transportables, equipos a presión, recipientes a presión simples y aparatos para atmósferas explosivas, todos ellos designados como bienes pertinentes para crisis.

Un aspecto fundamental de esta regulación es que la activación de los procedimientos de emergencia está condicionada exclusivamente a la existencia de un acto de ejecución de la Comisión Europea.

Esto significa que las autoridades españolas no pueden activar unilateralmente estos procedimientos, sino que requieren de una decisión previa de la Comisión que declare la existencia de una emergencia del mercado interior.

Esta condición garantiza la coordinación a nivel europeo y evita aplicaciones fragmentadas de medidas de emergencia.

Las autoridades competentes para la aplicación de estos procedimientos son las comunidades autónomas en cuyo territorio se fabrique, establezca o se pretenda comercializar el producto.

Esta descentralización administrativa permite una gestión más ágil y adaptada a las circunstancias locales, aunque bajo un marco normativo uniforme establecido por el Estado.

Un cambio regulatorio significativo es que los productos autorizados bajo procedimientos de emergencia no llevarán el marcado CE, pero podrán comercializarse sin este requisito durante el período de emergencia.

Las autorizaciones otorgadas tienen validez limitada exclusivamente al período de emergencia del mercado interior declarado, lo que implica que estas medidas son temporales y excepcionales por naturaleza.

En cuanto a los plazos de tramitación, el decreto establece un régimen acelerado de respuesta administrativa.

El plazo máximo para que las autoridades competentes respondan a solicitudes de autorización es de cinco días hábiles.

Este plazo extraordinariamente breve refleja la naturaleza urgente de estos procedimientos y contrasta significativamente con los plazos ordinarios de evaluación de conformidad, que suelen extenderse durante meses.

La estructura de coordinación interadministrativa se articula a través de varios órganos.

El Ministerio de Industria y Turismo tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para informar sobre las solicitudes de autorización.

Los grupos de trabajo de la Conferencia Sectorial de Industria disponen de un plazo máximo de diez días hábiles para emitir sus recomendaciones, siendo este el plazo más extenso dentro del sistema.

La Dirección General de Estrategia Industrial tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para la emisión de resoluciones.

La priorización obligatoria de la evaluación de conformidad para bienes pertinentes constituye otro pilar fundamental del decreto.

Esto significa que cuando se activen los procedimientos de emergencia, la evaluación de conformidad de estos productos debe ser prioritaria respecto a otros trámites administrativos ordinarios, asegurando que los recursos se dediquen preferentemente a resolver la situación de crisis.

La autorización excepcional y temporal para la introducción en el mercado sin procedimientos ordinarios representa una flexibilización regulatoria sin precedentes en el ordenamiento español de seguridad industrial.

Sin embargo, esta flexibilización está cuidadosamente limitada: solo se aplica durante emergencias declaradas, solo para productos designados como bienes pertinentes para crisis, y solo cuando existe un acto de ejecución de la Comisión Europea que lo autorice.

Las autoridades competentes pueden autorizar productos que no cumplan con todos los requisitos ordinarios de seguridad, siempre que cumplan con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa de seguridad industrial.

Esta distinción entre requisitos ordinarios y requisitos esenciales es crucial, ya que garantiza que incluso en situaciones de emergencia, no se compromete la seguridad fundamental de los productos.

Esta regulación representa un cambio paradigmático en la aproximación española a la seguridad industrial, pasando de un modelo estrictamente preventivo a un modelo que incorpora mecanismos de flexibilización regulatoria en situaciones excepcionales.

La norma busca equilibrar dos objetivos potencialmente conflictivos: mantener la seguridad de los productos y garantizar la disponibilidad de bienes esenciales durante crisis del mercado interior.

La implementación de este decreto requiere una coordinación compleja entre múltiples niveles administrativos: el nivel europeo (Comisión), el nivel estatal (Ministerio de Industria y Turismo, Dirección General de Estrategia Industrial) y el nivel autonómico (comunidades autónomas como autoridades competentes).

Esta estructura multinivel refleja la complejidad de la gobernanza regulatoria en la Unión Europea en materia de seguridad industrial.