España aprueba una ley para impulsar la economía social

La Ley 1/2026, de 8 de abril, para el impulso integral de la economía social, se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo de este sector en España. La normativa busca modernizar el marco legal de entidades como cooperativas y sociedades laborales, fomentando su digitalización y facilitando la inserción laboral de colectivos vulnerables. Se espera que esta ley impulse la creación de empleo y fortalezca un modelo económico más inclusivo y sostenible.

La Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, constituye una reforma normativa comprehensiva que moderniza y actualiza el marco regulatorio de la economía social española, adaptándolo a las nuevas circunstancias económicas y sociales contemporáneas.

Esta norma introduce modificaciones significativas en tres áreas fundamentales: la digitalización y gobernanza de cooperativas, el régimen de empresas de inserción y entidades de economía social, y disposiciones transitorias para la implementación gradual de estas medidas.

En materia de digitalización y gobernanza cooperativa, la ley establece obligaciones específicas según el tamaño de las cooperativas.

Las cooperativas con más de 500 socios deben contar obligatoriamente con una página web corporativa, reflejando la necesidad de modernización digital en estas entidades.

Paralelamente, se autoriza la participación telemática en asambleas generales con garantías robustas de identidad y seguridad, facilitando la participación de socios en contextos geográficamente dispersos.

Adicionalmente, se crea la obligación de constituir una Comisión de Igualdad en cooperativas con 50 o más socios, con un mínimo de 3 miembros, evidenciando el compromiso normativo con la igualdad de género y la no discriminación en estas entidades.

Respecto a las empresas de inserción y entidades de economía social, la ley introduce un régimen más riguroso de certificación y control.

Los organismos públicos competentes deben emitir informes y certificaciones sobre factores de vulnerabilidad y exclusión social en un plazo máximo de diez días, estableciendo un procedimiento administrativo ágil.

La norma fija porcentajes mínimos de personas en proceso de inserción: un 30% durante el período de inserción laboral y un 50% en fases posteriores del proceso de integración.

Se establece asimismo un mínimo de 2 personas en proceso de inserción como requisito operativo.

Las disposiciones transitorias, derogatorias y finales contemplan un régimen de adaptación gradual.

Para las cooperativas de trabajo asociado, se establece un plazo de tres meses desde la habilitación del registro para depositar planes de igualdad.

Las empresas de inserción existentes disponen de un período de adaptación de un año para cumplir con las nuevas exigencias normativas.

En materia de contratación pública, se establece un porcentaje mínimo de reserva del 15% en contratos públicos para centros especiales de empleo y entidades de economía social.

Adicionalmente, se fija un requisito mínimo del 33% del presupuesto total de acciones orientadas a la economía social, y un requisito mínimo del 30% de personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Esta ley representa un cambio significativo en la regulación de la economía social española, combinando modernización digital, fortalecimiento de garantías de igualdad, y mecanismos más robustos de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

El enfoque es integral, abarcando desde la gobernanza interna de las cooperativas hasta la política pública de contratación y presupuestación.

Los plazos establecidos son relativamente breves, particularmente los diez días para certificaciones administrativas y los tres meses para registro de planes de igualdad, lo que indica una intención legislativa de implementación rápida.

El período de adaptación de un año para empresas de inserción existentes proporciona un margen razonable para cumplimiento normativo sin disrupciones operativas significativas.