El Tribunal Constitucional examinará un Real Decreto-ley clave

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 15/2025. Esta decisión, tomada el pasado 25 de marzo, abre un periodo de incertidumbre sobre la validez de una normativa que, presumiblemente, afecta a amplios sectores de la población. La resolución del TC podría tener repercusiones significativas en políticas públicas y derechos fundamentales, dependiendo de su dictamen final sobre el fondo del asunto.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de marzo de 2026, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1586-2026, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Este recurso tiene un impacto significativo en la actividad inversora de entidades locales y comunidades autónomas, así como en los sistemas y programas informáticos de facturación de empresarios y profesionales.