Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas a proyectos de investigación seleccionados en

El Real Decreto 270/2026, de 1 de abril, regula la concesión directa de ayudas a proyectos de investigación seleccionados en las convocatorias competitivas internacionales de la Empresa Común de Chips de la Unión Europea (Chips JU), específicamente para el programa «UNICO Chips JU – Líneas Piloto Cuánticas».

El objetivo es financiar proyectos de investigación para el diseño y producción de chips cuánticos, fomentando la innovación y la autonomía digital en el sector estratégico de la microelectrónica.

Las ayudas se dividen en dos subprogramas: uno para organismos de investigación y otro para empresas.

La financiación se realiza con cargo al crédito habilitado en el presupuesto del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La cuantía máxima destinada a financiar estas subvenciones es de 6.512.942,26 euros.

La intensidad de ayuda será del 100% de los gastos subvencionables para las entidades beneficiarias del subprograma de organismos de investigación y del 70% para las entidades beneficiarias del subprograma de empresas.

Los gastos subvencionables incluyen gastos de personal, adquisición de equipos, instalaciones e infraestructuras, costes de subcontratación y otros gastos de explotación adicionales.

Las entidades beneficiarias deben cumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) y con las obligaciones de etiquetado digital.

El procedimiento de concesión es electrónico y el plazo para presentar las solicitudes concluye el décimo día hábil posterior a la entrada en vigor del real decreto.

Las entidades beneficiarias deben cumplir con diversas obligaciones, incluyendo la aplicación de la perspectiva de género, el cumplimiento de las normas de protección de datos y la conservación de la documentación relativa al proyecto.

El pago de las ayudas se librará de forma anticipada, con carácter general, y las entidades del subprograma de empresas deberán constituir garantías por un importe igual al 100% de la ayuda.

La justificación final de las ayudas deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de la actuación objeto de ayuda en la resolución de concesión.

Las entidades beneficiarias están obligadas a someterse a los controles del Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea, la Comisión Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.