Castilla-La Mancha aprueba sus Presupuestos Generales para 2026

La Ley 5/2025, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, se erige como el pilar fundamental de la gestión económica y financiera de la región para el próximo ejercicio.

Su propósito primordial es la previsión de ingresos y la habilitación de gastos para el vasto sector público regional, al tiempo que establece las normas financieras que regirán su funcionamiento y dirige la política económica del gobierno autonómico.

Esta ley se configura como un instrumento estratégico, adaptándose al nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2024, y que impone nuevas directrices y exigencias en la gestión presupuestaria de los estados miembros y sus regiones.

En este contexto, se ha fijado un límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026 en 9.000,9 millones de euros.

Asimismo, se establece un objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas para 2026 del -2,1% del PIB, y un objetivo específico para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha del -0,1% del PIB, reflejando un compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El TÍTULO I de la ley, dedicado a la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones, es crucial al definir el alcance y la estructura de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2026.

Este título especifica que los presupuestos incluyen no solo a la Administración General de la Junta de Comunidades, sino también a sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y consorcios adscritos, así como a las Cortes de Castilla-La Mancha y otras instituciones estatutarias.

Se aprueban créditos de gasto por un importe total de 12.903.391.310,00 euros destinados a la Administración General y sus organismos autónomos, lo que representa el volumen de recursos que se movilizarán para la provisión de servicios públicos y el desarrollo de políticas regionales.

Dentro de esta asignación, las transferencias internas aprobadas, que facilitan la redistribución de fondos entre las distintas entidades del sector público regional, ascienden a 4.150.619.410,00 euros.

Adicionalmente, se detallan transferencias desde la Administración General a otras entidades del sector público regional por un valor de 4.043.481.640,00 euros, subrayando la interconexión y la complejidad de la estructura financiera autonómica.

El TÍTULO II, que aborda la ejecución y liquidación presupuestaria, establece un marco de control y autorización riguroso para la gestión del gasto público.

La ley exige la autorización previa del Consejo de Gobierno para cualquier acto o negocio jurídico que implique un gasto superior a 750.000,00 euros, garantizando así un control centralizado sobre las grandes partidas presupuestarias.

Para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), dada su envergadura y la naturaleza de sus operaciones, se establecen umbrales específicos más elevados, requiriendo autorización para gastos superiores a 22.000.000,00 euros en ciertos expedientes.

Otros expedientes de gasto, no detallados individualmente, también están sujetos a un umbral de autorización de 5.000.000,00 euros.

Además, se subraya la importancia de un informe favorable de la Dirección General de Presupuestos para expedientes que superen determinados límites, lo que añade una capa adicional de supervisión y asegura la coherencia con la planificación presupuestaria global.

En lo que respecta al TÍTULO III, "De los créditos de personal", la ley define el marco retributivo y de gestión para el personal que presta servicios en el sector público regional.

A partir del 1 de enero de 2026, las retribuciones íntegras de altos cargos, directivos, funcionarios y personal laboral se actualizarán conforme a las directrices establecidas en la normativa básica estatal, buscando la armonización y la equidad en las condiciones laborales.

Se impone un control estricto sobre el gasto de personal, exigiendo un doble informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Función Pública para cualquier modificación que afecte a las plantillas, las relaciones de puestos de trabajo o las condiciones retributivas, lo que busca evitar desviaciones y garantizar la sostenibilidad del gasto.

Asimismo, se mantiene la prohibición de realizar nuevas aportaciones a planes de pensiones de jubilación o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, una medida que ha estado en vigor desde el 31 de diciembre de 2011, tomando como referencia las retribuciones del 31 de diciembre de 2025 para la aplicación de los incrementos.

Cabe señalar que el TÍTULO IV, referente a la gestión de los presupuestos docentes, no ha sido objeto de análisis detallado en la información proporcionada, por lo que no se dispone de un resumen específico sobre sus contenidos.

El TÍTULO V, denominado "De las operaciones financieras", establece el marco regulatorio para la gestión del endeudamiento y las diversas operaciones financieras de la Junta de Comunidades.

Se fija un límite de endeudamiento para 2026, de manera que el saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2026 no podrá superar el saldo registrado a 31 de diciembre de 2025, lo que refleja una política de contención del endeudamiento.

Sin embargo, se contempla una excepción que permite incrementar el endeudamiento hasta un importe máximo total de 100.000.000,00 de euros, específicamente para operaciones de tesorería o para financiar inversiones estratégicas.

Además, el Consejo de Gobierno está facultado para autorizar avales hasta un máximo que se determinará anualmente, proporcionando flexibilidad para apoyar proyectos o entidades que lo requieran, siempre bajo un estricto control.

Las Medidas tributarias, detalladas en el TÍTULO VI, establecen tipos de gravamen específicos y la afectación de ciertos ingresos, impactando directamente en los ciudadanos y empresas de la región.

El canon de aducción de agua tratada en alta se fija en 0,39 euros por metro cúbico, un coste que se repercute en el suministro de agua potable.

Para el canon de aducción de agua bruta destinada a la Mancomunidad del Río Algodor, el tipo es de 0,14 euros por metro cúbico, afectando a los usuarios de esta infraestructura.

Asimismo, el canon de depuración de aguas residuales se establece en 0,55 euros por metro cúbico para el abastecimiento, contribuyendo a la financiación de los servicios de saneamiento.

Estas cifras son determinantes para la estructura de costes de los servicios hídricos en la comunidad.

Finalmente, las Disposiciones de la Ley 5/2025 establecen un conjunto de normas complementarias de gran relevancia para la gestión económica y administrativa.

La Disposición adicional primera faculta al Consejo de Gobierno para fijar los porcentajes de gastos generales de estructura en los contratos de obra, estableciéndolos en un 13 por ciento, y el beneficio industrial del contratista en un 6 por ciento, lo que incide directamente en la rentabilidad y las condiciones de las empresas que contratan con la administración.

Se garantiza una retribución mínima de 1.440,23 euros mensuales para los empleados públicos, asegurando un umbral de ingresos digno.

Además, en un esfuerzo por fomentar la inclusión social y el empleo de colectivos vulnerables, se promueve la reserva de contratos públicos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, con un plazo de 15 días para la emisión de informes sobre contratos de alta dirección, agilizando los procesos administrativos.

Estas disposiciones finales refuerzan el compromiso de la Junta con la eficiencia, la equidad laboral y la responsabilidad social en la contratación pública.