Andalucía aprueba su nueva Ley Universitaria, foco en la calidad

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la nueva Ley Universitaria para Andalucía, una reforma integral que promete transformar el sistema de educación superior en la comunidad. La ley, que entrará en vigor en las próximas semanas, establece un nuevo marco para la organización, financiación y gestión de las universidades andaluzas, con el objetivo de potenciar la calidad, la investigación y la empleabilidad de sus graduados. Se espera que esta normativa impacte en la vida académica de miles de estudiantes, profesores e investigadores.

La Ley 1/2026, de 20 de febrero, Universitaria para Andalucía, publicada en el BOJA Número 45 y con entrada en vigor el 26 de marzo de 2026, representa una transformación fundamental para el sistema de educación superior andaluz.

Esta normativa integral, compuesta por 144 artículos distribuidos en 11 títulos, deroga el anterior Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero (Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades), a excepción de su disposición adicional.

Su objetivo principal es ordenar, coordinar y elevar la calidad, transparencia y eficiencia de las universidades, tanto públicas como privadas, y sus centros adscritos en la región.

Un pilar central de este nuevo marco es el TÍTULO I, enfocado en la Docencia, Investigación y Transferencia de Conocimiento.

Las universidades andaluzas están ahora obligadas a destinar un mínimo del 5% de su presupuesto anual a actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Una novedad significativa para el estudiantado es la exigencia de un nivel B2 de competencia en un idioma extranjero para la obtención de títulos universitarios oficiales, aplicable a quienes inicien sus estudios tras la entrada en vigor de la ley, con excepciones para los ya matriculados.

Los procedimientos para la implantación y supresión de enseñanzas deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses.

El TÍTULO II, sobre la Comunidad Universitaria, abarca al Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y al estudiantado.

La ley enfatiza la igualdad de género, requiriendo la creación de unidades específicas y la asignación de al menos el 3% del presupuesto a programas de igualdad y diversidad.

Se prevén 120 horas de formación y un 15% de la carga de trabajo para tareas específicas, aunque no se detallan en el resumen.

La Coordinación Universitaria (TÍTULO III) se centraliza en la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente.

Se establecen 16 objetivos y fines de coordinación, y se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU) como principal órgano colegiado, con dos comisiones permanentes y ocho tipos de miembros en su Pleno.

Este Consejo, junto con el Consejo Asesor de Estudiantes, deberá constituirse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

La Estructura de las Universidades (TÍTULO IV) también se reforma.

La creación, modificación o supresión de facultades y escuelas se realizará por decreto, con un plazo máximo de resolución de tres meses.

Los decanos y directores de centros tendrán un mandato de seis años.

Los departamentos universitarios deberán contar con un mínimo de 20 profesores doctores con vinculación permanente.

Los departamentos existentes disponen de un plazo de tres años para adaptarse a esta nueva regulación, conforme al Artículo 83.4.

En cuanto a la Gobernanza de las Universidades Públicas (TÍTULO V), el Claustro Universitario se compondrá de entre 100 y 300 miembros, con un 51% de representación para los cuerpos docentes universitarios.

El Consejo de Gobierno tendrá entre 30 y 50 miembros, garantizando al menos un 5% de participación estudiantil y un mínimo del 8% de representación del PDI.

El Rector o Rectora será elegido para un mandato único de seis años, sin posibilidad de reelección, y deberá ser catedrático/a de universidad.

Los Consejos Sociales de las universidades públicas deberán constituirse en un plazo de seis meses, y sus presidentes y secretarios de su primer mandato servirán por seis años, teniendo los Consejos un año para adaptar sus reglamentos.

El Régimen Económico, Financiero y Patrimonial de las Universidades Públicas (TÍTULO VI) se regula con detalle.

La disposición de bienes inmuebles y muebles de extraordinario valor (aquellos que superen el 1% del presupuesto de la universidad) requerirá autorización específica.

Se reconoce a las universidades públicas como beneficiarias de expropiación.

Se establece un modelo de financiación común para las universidades públicas, revisable cada cinco años, con al menos el 25% de la financiación vinculada a objetivos.

Además, las universidades públicas y los centros privados adscritos tienen un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para implantar sistemas de contabilidad analítica o equivalente, ajustándose a lo dispuesto en el Artículo 110.

La Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad (TÍTULO VII) es un eje fundamental.

Las universidades públicas andaluzas deben establecer mecanismos de rendición de cuentas y están obligadas a informar bienalmente al Parlamento de Andalucía.

Tanto las universidades públicas como sus centros privados adscritos deben contar con sistemas de control interno, en línea con el Artículo 39 de la Ley Orgánica 2/2023.

Se establece la obligación de poner en funcionamiento un repositorio institucional accesible a la ciudadanía en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.

El TÍTULO VIII regula la Creación y Reconocimiento de Universidades.

La creación de universidades públicas y el reconocimiento de privadas en Andalucía se realizará por ley.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de creación o reconocimiento es de un año.

Se fijan ratios de profesorado: no inferior a 1 profesor por cada 25 alumnos (general) y 1 profesor por cada 50 alumnos (enseñanza virtual), con un mínimo del 20% de profesorado doctor.

El TÍTULO IX aborda los Centros de enseñanza universitaria adscritos.

Los convenios de adscripción tendrán una vigencia máxima de seis años, prorrogables.

Se establece un límite del 40% para el personal docente e investigador con contrato temporal.

Estos centros deben destinar un mínimo del 3% de su presupuesto a programas específicos y presentar una previsión de estudiantado máximo para cinco años.

La Calidad, Inspección y Sanción Universitaria (TÍTULO X) recae en la ACCUA (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía).

El proceso de aprobación o modificación de estatutos universitarios públicos implica un informe en 10 días y una resolución en un máximo de seis meses.

La inspección universitaria será realizada por personal de la Junta de Andalucía.

La Consejería competente en universidades tiene la facultad de actualizar las sanciones pecuniarias según el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Las Disposiciones Adicionales introducen regulaciones específicas.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) se configura como universidad pública de posgrado, con un rector nombrado por un periodo de cuatro años, con una posible prórroga de otros cuatro años.

Se crea un registro público de centros docentes de educación superior universitaria con fines informativos.

Se establece una Comisión de seguimiento de la ley, que deberá constituirse en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor y emitir informes razonados cada dos años.

Las universidades y centros adscritos deben garantizar la formación práctica en empresas, prohibiendo vincularla a contratos laborales.

Las universidades públicas deben promover convenios con la Seguridad Social para corregir cotizaciones del personal.

Se regulan las plazas de profesorado asociado sanitario y el profesorado vinculado de medicina, cirugía y sanidad animal, permitiendo la obligatoriedad de la labor asistencial en hospitales adscritos.

La protección de datos personales se regirá por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y no se requiere consentimiento del estudiantado para la publicación de resultados académicos.

La ley también modifica el Decreto 17/2023 (Estatutos de la ACCUA) y el Decreto Legislativo 2/2013 (creación de la UNIA), así como la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.

Las Disposiciones Transitorias establecen plazos críticos de adaptación.

Las universidades y centros universitarios ya autorizados tienen tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, mientras que los creados, reconocidos o adscritos pero aún no autorizados disponen de un año.

Las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor se tramitarán bajo la normativa anterior.

La incorporación de un interventor o interventora en el órgano de control interno de las universidades públicas debe realizarse en un año.

La constitución del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y del Consejo Asesor de Estudiantes, así como la puesta en funcionamiento del repositorio institucional, tienen un plazo de un año y dos años respectivamente.

Las universidades deben remitir sus estatutos adaptados en un año, entendiéndose aprobados por silencio administrativo tras seis meses.

Los departamentos universitarios existentes tienen tres años para adaptarse a la nueva regulación.

Finalmente, las Disposiciones Finales abordan el desarrollo normativo y la entrada en vigor.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía queda habilitado para dictar disposiciones de desarrollo, y la Consejería competente en universidades para emitir órdenes.

En el plazo de un año, el Consejo de Gobierno aprobará un nuevo texto refundido para la UNIA.

La ley entró en vigor el 26 de marzo de 2026, veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.